Hace algunos días Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, hizo una declaración muy interesante. En la toma de protesta de 79 nuevos jueces federales apuntó: "Presenciamos hechos que hacen cimbrar lo más profundo de nuestra conciencia, que conmueven y convulsionan nuestra sociedad. [...] Vivimos una crisis de valores, con acontecimientos que amenazan con desfigurar el rostro de nuestra sociedad".
La declaración es cierta, pero también nos muestra uno de los aspectos más graves de la crisis cultural que agobia a los mexicanos, como es la existencia de una conciencia fragmentada, es decir, la incapacidad de ver la realidad de manera integral. El problema se torna más grave cuando se trata de alguien que ha tomado decisiones que comprometen la convivencia social y que es, además, una persona cuya probidad y calidad humana están fuera de sospecha.
La declaración presenta dos problemas. Uno, implica un diagnóstico limitado sobre la crisis que vivimos; dos, que sobre esta base se han tomado decisiones equivocadas.
La crisis de valores no es la causa de los "acontecimientos que [nos] amenazan", sino consecuencia de la falta de conciencia sobre el valor de la vida y dignidad humana. Los valores que orientan nuestra relación con los demás son consecuencia de lo que consideramos que es el otro. Si entendemos que el otro es persona, entonces la relación tiende a sustentarse en un trato digno, en el respeto a su humanidad también en el desacuerdo; pero, si la relación tiene como base el interés individual, entonces se tiende a juzgar al otro en función de la utilidad que reporta. Es la degradación de la persona a simple individuo, como explicara en su momento Emanuel Mounier.
El día posterior a que la SCJN aprobara la práctica del aborto "legal" en la ciudad de México, Pablo Hiriart, director del periódico La Razón de México, hizo una excelente entrevista radiofónica a la ministra. Ella justificó su voto a favor en las dudas que le aquejaban, algo que un juez jamás debe hacer por principio. Es principio de justicia que, frente a la duda, no se debe proceder. Además de sus dudas personales señaló que, puesto que los científicos no se ponían de acuerdo sobre la humanidad del concebido, entonces era lícito terminar con su vida. En lugar de tomar una actitud justa como es prevenir un mal contra un inocente, se puso de parte de quienes insisten en deshumanizar la persona del concebido, dejando de lado las graves consecuencias que esta práctica tiene para la mujer.
La ministra dijo cosas ciertas en su declaración, pero también mostró una conciencia fragmentada. La realidad es que el narcotráfico, el secuestro, el aborto, el abandono de la mujer embarazada, la cosificación de los niños, en suma, cualquier conducta que desprecie la vida y dignidad de cada persona constituyen "hechos que hacen cimbrar lo más profundo de nuestra conciencia". Una conducta que atenta contra la persona no se convierte en éticamente aceptable porque se legalice. Para combatir con eficacia las prácticas que "amenazan con desfigurar el rostro de nuestra sociedad", debemos situar en el centro de nuestra conciencia a cada persona sin importar, por principio, ni condición ni tamaño, aunque se trate de un pequeñito dentro del seno materno.
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