Por Grégor Puppinck, director del European Centre for Law and Justice, ECLJ (Estrasburgo) (Publicado en la edición española de L’Osservatore Romano, 01/08/2010)
El caso Lautsi ha levantado revuelo en Europa después de que el Tribunal europeo de derechos humanos condenara a Italia por la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas, una presencia que supuestamente viola los derechos humanos. Para dar una base legal a su decisión, el Tribunal creó una nueva obligación, según la cual el Estado está «obligado a la neutralidad confesional en el campo de la educación pública».
El Tribunal añadió que no veía «cómo la exposición en las clases de las escuelas públicas, de un símbolo que es razonable asociar al catolicismo (religión mayoritaria en Italia) puede servir al pluralismo educativo, que es esencial para preservar una “sociedad democrática” tal como la concibe
Este caso es sumamente importante. Es emblemático, puesto que está en juego la legitimidad misma de la presencia visible de Cristo en las escuelas italianas y, por extensión, de toda Europa. Se ha convertido en un símbolo en el conflicto actual sobre el futuro de la identidad cultural y religiosa de Europa. Un conflicto que enfrenta a los partidarios de la secularización completa de la sociedad y a los defensores de una Europa abierta y fiel a su identidad profunda. Los primeros ven el laicismo como la solución que permite gestionar el pluralismo religioso y el pluralismo como un argumento que permite imponer el laicismo. La secularización no es un fenómeno completamente espontáneo o ineludible. Procede incluso a través de opciones políticas, como la política anticlerical de Francia a comienzos del siglo xx.
NECESIDAD DE IDENTIDAD
Europa es distinta. El pluralismo religioso, el cosmopolitismo que sirve de paradigma para la reflexión del Tribunal, en realidad es una ficción extraña en la mayor parte del territorio europeo. Sin embargo, es verdad que estamos en una época en la cual las identidades nacionales se ponen en tela de juicio, pero al mismo tiempo es muy fuerte la necesidad de identidad.
Hoy la situación es diferente. La presencia del islam obliga a Europa a tomar realmente posición sobre la libertad religiosa. Esta elección no es sólo una toma de posición filosófica, sino que tiene también importantes consecuencias concretas sobre la realidad de la identidad religiosa occidental. Resulta cada vez más evidente que las instituciones públicas de Europa occidental —y la sentencia Lautsi lo demuestra— han optado por limitar la libertad religiosa e imponer una secularización de la sociedad para promover un modelo cultural preciso en el cual la ausencia de valores (neutralidad) y el relativismo (pluralismo) son valores en sí mismos para sostener un proyecto político que se quiere que supere la religión y la identidad. Este proyecto político, en cuanto sistema filosófico, pretende tener el monopolio.
En este contexto de radicalización de la secularización se inserta el caso Lautsi. Es el último y principal obstáculo contra el cual ha topado el proceso de secularización después del debate relativo a las «raíces cristianas» en el preámbulo del Tratado constitucional europeo. El hecho de que una jurisdicción haya podido, en nombre de la libertad religiosa, llegar a la conclusión de que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa, exige una reflexión sobre la evolución del concepto. El caso Lautsi muestra que este concepto, ideado para proteger a la sociedad del ateísmo de Estado, al final se ha convertido en un instrumento de deslegitimación social y de privatización de la religión. En definitiva, este caso muestra que este modo de entender la libertad religiosa puede volverse contra la religión y ser el principal instrumento conceptual de la secularización de la sociedad.
SI SE NIEGAN LAS IDENTIDADES COLECTIVAS
La primera y principal carencia que el caso Lautsi revela es la incapacidad de la concepción moderna de libertad religiosa de pensar y de respetar la dimensión religiosa de la vida social y la dimensión social de la religión. La teoría que ha llevado a la sentencia Lautsi se basa en el reconocimiento exclusivo de los derechos del individuo, que se supone dotado de una conciencia considerada infalible por naturaleza y destinado a evolucionar en una sociedad imaginada como axiológicamente (moralmente) neutral. Esta libertad se considera universal en cuanto fundada en la naturaleza humana y es imperativa puesto que es la expresión de uno de los aspectos de la dignidad humana. Por el contrario, la sociedad pública, en cuanto considerada una entidad artificial al servicio del individuo, debe anularse frente a la única autoridad legítima: la libertad que deriva de la dignidad individual.
La identidad religiosa de la sociedad ya no tiene, de por sí, valor y legitimidad. Se considera un simple hecho heredado de la historia. En numerosos campos, el derecho internacional reconoce que las naciones pueden ser titulares de derechos subjetivos, como el derecho de proteger su identidad cultural, lingüística y ecológica y de transmitirla a las generaciones futuras; pero esto no vale para su identidad religiosa, aunque se trate de uno de los componentes más profundos de la identidad. En materia religiosa, las naciones no son titulares de ningún derecho. Según la concepción moderna de la libertad de religión, sólo los individuos, tomados aisladamente, poseen derechos religiosos que se ejercen en los límites que fijan las legislaciones nacionales. La religión y las distintas sociedades intermediarias no se benefician de una protección especial: sólo cada creyente, individualmente, es titular de este derecho, y este derecho se ejerce ante todo y sobre todo respecto a terceros y respecto a la sociedad.
Esta libertad religiosa implicaría, pues, la neutralización de la identidad religiosa de la sociedad, pero esa neutralidad es profundamente ilusoria. De hecho, aunque el poder civil puede ser indiferente a las convicciones íntimas de las personas, no puede serlo del todo respecto de la religión en cuanto que esta es por su naturaleza un fenómeno social. Así, pretender ser indiferente respecto de la religión al final significa negar la dimensión fundamentalmente social de la religión y limitarla a la esfera privada de las convicciones íntimas.
Es expresión de una opción filosófica afirmar en el caso Lautsi que el Estado debería actuar como si la sociedad y la cultura italianas no tuvieran nada de religioso. Sin embargo, un Estado, un pueblo, tiene necesariamente una identidad, y esta identidad tiene necesariamente una dimensión religiosa. Un Estado no es un concepto, no es una estructura neutral, no tiene la frialdad de una institución supranacional; un Estado es la emanación de un pueblo, con su historia y su identidad. En esta óptica, los símbolos sirven precisamente para representar, para encarnar los componentes de la identidad social. La identidad colectiva se construye en torno a símbolos. La dimensión religiosa de la identidad social de un pueblo la constituyen y manifiestan toda una serie de usos sociales y costumbres, como las fiestas, los nombres, un cierto tipo de relaciones humanas, el vestido e incluso la alimentación. Se manifiesta también mediante símbolos visibles, como los crucifijos en las escuelas, en los hospitales o en las plazas y en los monumentos públicos.
Para ser coherente consigo mismo, el Tribunal europeo debería renunciar a cerrar en Navidades o en Pascua, y adoptar, como habían hecho los revolucionarios franceses, un calendario nuevo sin referencias a la vida de Cristo. De hecho, la identidad religiosa de una sociedad no puede ser neutralizada: puede ser negada, atacada y sustituida, pero no neutralizada. Por consiguiente, el verdadero centro de la cuestión en el caso Lautsi es la legitimidad de una autoridad supranacional que pretende modificar con imperio la dimensión religiosa de la identidad de un país. La teoría jurídica de la libertad religiosa no es capaz de tener en cuenta la identidad cristiana de Europa; es precisamente esto lo que el caso Lautsi ha revelado. Por consiguiente, la reacción política sin precedentes que ha suscitado la sentencia de noviembre de 2009 reviste una gran importancia, en cuanto que es una verdadera reafirmación de la legitimidad propia y particular del cristianismo en la identidad de Europa, frente a la dinámica de la secularización.
INDIVIDUO Y SOCIEDAD
El caso Lautsi revela también que el modo como el Tribunal de Estrasburgo afronta la libertad religiosa se basa en una concepción conflictual de las relaciones entre el individuo y la sociedad. La sociedad y la persona no son consideradas en una relación de complementariedad, sino de oposición: la sociedad es el principal obstáculo a la libertad individual; son las sociedades las que limitan la libertad; por tanto, deberían anularse, llegar a ser lo más neutrales posible con el fin de liberar el espacio para el libre ejercicio de la conciencia individual.
Dicha concepción conflictual lleva a una lógica de reivindicación exclusiva de «mi derecho particular» contra el conjunto de la sociedad. El derecho de los hijos de la señora Lautsi a no estar obligados a ver el símbolo de Cristo debería prevalecer, sin ninguna componenda posible, sobre el deseo mayoritario de todo un pueblo, e incluso de todos los pueblos miembros del Consejo de Europa. La absolutización de la dignidad y de la autonomía individual lleva a la absolutización del derecho que la garantiza, y a la anulación de los intereses de la comunidad.
La libertad contra la religión
El caso Lautsi también debe llevar a interrogarse sobre el peligro que constituye la lógica de la libertad religiosa cuando se lleva al extremo, en cuanto que lleva a negar la religión en nombre de la libertad de religión, a defender la libertad de religión suprimiendo socialmente la religión. Es lo que ha hecho el Tribunal: ha pretendido defender la libertad religiosa suprimiendo el símbolo religioso. Se trata de un verdadero vuelco histórico y conceptual, puesto que en la posguerra se quiso la libertad religiosa como instrumento de defensa de la trascendencia del hombre ante el nihilismo de Estado. La libertad de religión es probablemente el derecho más violado en Europa en el siglo xx; sus enemigos se niegan a admitir que la religión y la libertad no son necesariamente antinómicas —utilizan la libertad contra la religión— e incluso consideran que la simple manifestación de la religión de los demás viola la libertad religiosa.
Por último, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal europeo, la libertad religiosa ya no es un derecho primario, fundamental, directamente derivado de la naturaleza trascendente de la persona humana, sino un derecho secundario, concedido por la autoridad civil y derivado del ideal de pluralismo democrático. Se trata de un vuelco conceptual. Así son cada vez más frecuentes en la jurisprudencia fórmulas como: la libertad de religión garantiza el pluralismo y por ello merece una tutela especial. La manifestación de las convicciones religiosas se encuentra así encuadrada por las exigencias de un orden público asimilado a la neutralidad.
No sólo, sino que en la realidad la libertad de religión se limita cada vez más sólo a la libertad de fe, es decir, a la libertad interior de creer o no creer. Sería un error considerar que la fe es independiente de la religión en cuanto que una es interior y la otra exterior. Limitar la libertad de religión (a causa de la no legitimidad social de la religión) para proteger sólo la libertad de fe (como expresión pura de la trascendencia humana) correspondería, en una familia, a prohibir las oraciones y el catecismo en nombre de la libertad del acto de fe de los hijos. De hecho, así habría poquísimas posibilidades de trasmitir la fe a los hijos. Lo mismo vale para la sociedad. Quitar la religión de la sociedad equivale a quitar la fe de los corazones de las generaciones futuras.
REACCIÓN SIN PRECEDENTES
La sentencia Lautsi ha provocado una reacción social y política sin precedentes en la historia del Consejo de Europa. Nunca una decisión del Tribunal de Estrasburgo fue tan contestada, con tanto vigor, no sólo por los creyentes, sino también por la sociedad civil y numerosos Gobiernos. Tres semanas después de la audiencia ante
En un primer tiempo, diez países se comprometieron en el caso Lautsi con «intervenciones de terceros» (amicus curiae). Cada uno de ellos —Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, Federación Rusa y San Marino— ha entregado al Tribunal un memorial escrito invitándolo a retractarse de su primera decisión. Estos memoriales no sólo tienen valor jurídico, sino que son también y ante todo importantes testimonios de defensa del patrimonio y de la identidad de estos países ante la imposición de un modelo cultural único. Lituania, por ejemplo, no ha dudado en hacer un paralelo entre la sentencia Lautsi y la persecución religiosa que sufrió y que se manifestaba sobre todo en la prohibición de los símbolos religiosos.
A estos diez países, hasta ahora, se han añadido otros diez. En efecto, los Gobiernos de Albania, Austria, Croacia, Hungría, ex República yugoslava de Macedonia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania han cuestionado públicamente el juicio del Tribunal y pedido que se respeten las identidades y las tradiciones religiosas nacionales. Numerosos Gobiernos han insistido en decir que esa identidad religiosa está en el origen de los valores y de la unidad europea.
Así, junto con Italia, casi la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa (21 de 47) ya se ha opuesto públicamente a este intento de secularización forzada y ha afirmado la legitimidad social del cristianismo en la sociedad europea. Más allá de los argumentos reales de defensa de las identidades, de las culturas y de las tradiciones cristianas nacionales, de hecho estos veinte Estados han afirmado y defendido públicamente su adhesión a Cristo mismo; han recordado que es conforme al bien común que Cristo esté presente y sea honrado en la sociedad.
Esta coalición, que agrupa a casi toda Europa central y oriental, revela la persistencia de una división cultural interna en Europa; revela también que esa división se puede superar, como lo testimonia la importancia del apoyo a Italia por parte de los países de tradición ortodoxa.
IGLESIAS ORTODOXAS Y LAICISMO
La importancia del apoyo que dan los países de tradición ortodoxa resulta en gran parte de la determinación del patriarcado de Moscú a defenderse contra el avance del laicismo. Poniendo por obra la petición del Patriarca Kiril de «unir a las Iglesias cristianas contra el avance del laicismo», el metropolita Hilarión ha propuesto la creación de una alianza estratégica entre católicos y ortodoxos para defender juntos la tradición cristiana contra el laicismo, el liberalismo y el relativismo que prevalecen en
Este importante fenómeno denota que la transición democrática en los países del este no fue acompañada de la transición cultural, como Occidente deseaba vivamente. Hoy asistimos más bien a un movimiento inverso de reafirmación de identidad que pasa por una forma de restauración del modelo ortodoxo de relación entre
El fuerte apoyo llegado del este podría anunciar además un gran cambio en la dinámica de construcción de la unidad europea. En efecto, siempre se ha pensado que la unidad europea se iba a realizar inevitablemente de oeste a este mediante una conquista de este último al liberalismo económico y cultural occidental. Ahora bien, evento raro, el caso Lautsi ha provocado un movimiento inverso, del este hacia el oeste. El este de Europa, apoyándose en el catolicismo, se opone al oeste en la defensa de la cultura cristiana y de una justa concepción de la libertad religiosa. Claramente los defensores de la libertad ante el materialismo ya no están donde estaban un tiempo.
Durante el procedimiento ante el Tribunal de Estrasburgo se ha podido apreciar un cierto malestar respecto de las naciones orientales que se atrevían a contestar que la labor del Tribunal fuese correcta. Este malestar se ha notado, por ejemplo, cuando los Estados terceros que han intervenido han intentado tomar la palabra durante la audiencia. Normalmente, esa petición no crea dificultades, y se conceden treinta minutos a cada Estado a fin de que exponga sus argumentaciones. En el caso Lautsi, en cambio, esos Estados se han encontrado con una negativa categórica. Sólo después de haber insistido mucho han obtenido, todos juntos, quince minutos. Algunos de esos países han vivido esto como una afrenta y un reflejo de autodefensa del Tribunal. Esta intervención común ante el Tribunal es, en cualquier caso, un acontecimiento histórico. Entre las cuestiones que hay que plantearse en el futuro inmediato está la de saber si el Tribunal será capaz de abrir de nuevo la discusión sobre su paradigma ideológico en materia religiosa. Veintiún países del Consejo de Europa, de cuarenta y siete, lo han invitado expresamente a hacerlo; rechazar de modo perentorio esta invitación minaría directamente la legitimidad del Tribunal.
El Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Estrasburgo, en su Carta de fundación afirma «el vínculo inquebrantable» de los pueblos de Europa con los «valores espirituales y morales que son su patrimonio común». Estos valores espirituales y morales no son de naturaleza privada; son constitutivos de la identidad religiosa de Europa y reconocidos como bases del proyecto político europeo. Como el Papa ha recordado recientemente, el cristianismo es la fuente de estos valores espirituales y morales. La alianza de estos veintiún países indica que es posible construir el futuro de la sociedad europea sobre este fundamento, al precio de una reflexión lúcida sobre el modelo cultural occidental contemporáneo y en la fidelidad cristiana. Europa no puede afrontar el futuro renunciando a Cristo.
